Las diferentes Administraciones públicas tienen reconocida la posibilidad de imponer sanciones a ciudadanos y empresas. Es una potestad muy intensa, pero tiene que someterse escrupulosamente a la Ley, por lo que en ocasiones se cometen errores que permiten a los particulares defenderse y librarse del pago. Hay que tener mucho cuidado con los plazos, pues son muy cortos y en ocasiones impiden la posibilidad de interponer recursos.
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