Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus funciones, a veces, ocasionan daños a los particulares (mala conservación de aceras o carreteras, negligencias
médicas, etc.) que deben ser indemnizados adecuadamente hasta su absoluta compensación. Una mala información o un inadecuado asesoramiento pueden dar al traste con la cantidad económica debida.
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